En el Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas de República Dominicana, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir el cese de los desalojos forzosos en todo el país. Los manifestantes, provenientes de diversos sectores, reclamaron su derecho constitucional a una vivienda digna, denunciando que el Estado incumple su obligación de garantizar este derecho fundamental.
Entre los casos específicos citados, se encuentra el desalojo de aproximadamente 600 familias en La Mina, San Isidro, ocurrido en abril de 2021. Los residentes reportaron un uso desproporcionado de la fuerza pública en plena madrugada y sin notificación previa, a pesar de llevar hasta 20 años viviendo en la zona con infraestructura estatal. Una situación similar vivieron 250 familias en Arroyo Lindo, quienes fueron desalojadas violentamente en diciembre de 2022 sin poder rescatar sus pertenencias, a pesar de tener 11 años residiendo allí con servicios públicos.
Otras comunidades, como Nueva Jerusalén, enfrentan una amenaza constante pese a existir órdenes judiciales que protegen sus viviendas. Los representantes denuncian que la Fuerza Aérea ha irrumpido en la zona para derrumbar viviendas, incluso con familias dentro, resultando en heridos. Asimismo, sectores como Carril de Haina y varios en La Caleta, Boca Chica, viven bajo la amenaza de desalojo desde 2023, después de más de una década de habitar y desarrollar sus hogares en esos terrenos.
Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que estas comunidades, con más de diez años de existencia y dotadas de servicios e infraestructuras públicas como agua, electricidad, escuelas y calles, no pueden ser consideradas invasoras. Sostienen que el propio Estado las ha reconocido implícitamente como sectores establecidos al proveerles estos servicios, por lo que los desalojos forzosos son injustificados.
Las instituciones acompañantes advirtieron que estas prácticas no solo incrementan el déficit habitacional, sino que también agravan la vulnerabilidad de las familias y reflejan una lógica neoliberal que trata la vivienda como una mercancía. Subrayaron que el acceso a una vivienda adecuada está protegido por marcos jurídicos nacionales e internacionales y exigieron al Estado que resarza la deuda social con las comunidades, garantizando su participación en proyectos de recuperación urbana.
Finalmente, las comunidades y organizaciones presentaron una serie de demandas concretas al Estado. Estas incluyen el cese inmediato de los desalojos forzosos, una indemnización justa para las familias afectadas, y la participación comunitaria en las intervenciones urbanísticas. También solicitaron la declaración de utilidad pública de los terrenos habitados por años y la continuación del Plan Nacional de Titulación, enfatizando que el diálogo y la concertación, y no la destrucción, son el camino para resolver la crisis de vivienda.
